La minería es una realidad hace más de tres décadas en el Cesar. En materia de carbón, es el principal productor de Colombia, y en recursos, aporta más del 50 % al Producto Interno Bruto por las regalías.
Ser el primero desencadenó la obligación, a las empresas explotadoras, de realizar un reasentamiento digno y modelo a nivel internacional a tres poblaciones del Cesar. El Hatillo tiene todo para quedar en la historia y fue gracias al grado de sinergia entre intereses individuales y colectivos, para beneficiar a toda una comunidad.
La concertación hecha en El Hatillo buscará ser replicada en Boquerón, comunidad de La Jagua de Ibirico, municipio que solo en 2018 aportó más de 19 millones de toneladas a la producción de Colombia, que superó las 84 millones de toneladas, según el acumulado revelado por la Agencia Nacional de Minería.
El Hatillo transformó y volteó la idiosincrasia de sus tradiciones culturales que antes giraban en torno al río, la caza, la pesca y la siembra de cultivos de subsistencia y productivos; ahora se mueven en torno a las expectativas laborales generadas por las minas y el cultivo de palma, tal como lo revela el Perfil Ocupacional y Productivo de la vereda realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
El mismo estudio indica que, según los entrevistados, los problemas de formación están relacionados con la falta de responsabilidad del Estado para cumplir con el derecho a la educación, a la falta de pertinencia de los programas del Sena, al enfoque en minería de la mayoría de cursos y a las bajas o nulas oportunidades de acceder a la educación superior.
Otra investigación, hecha por Pensamiento y Acción Social, explica que la resolución 1525 de 2010, indica que el reasentamiento debe contar con un cronograma, un plan de costos, una supervisión, entre otros puntos.
Todo esto comenzó en el 2008 cuando la Compañía de Carbones del Cesar S.A., titular de una concesión minera con influencia en El Hatillo, vislumbró una reubicación de los hatillanos por la explotación minera. Hubo un acercamiento, sin embargo el proceso terminó en ideas y reuniones al cambiar de dueño la concesión: Colombian Natural Resources, CNR.
Las empresas obligadas a realizar el proceso de reasentamiento han invertido millonarios recursos, aunque no son oficiales, se cree que son más de $50.000 millones en los últimos nueve años.
Pedro Díaz Campo, ingeniero metalúrgico, enmarcó la historia del reasentamiento en el Cesar como “procesos lentos”.
“A nivel nacional el reasentamiento del Cesar fue el segundo que se tuvo después de un primero que se dio en Bogotá por el tema de unos botaderos.
Desafortunadamente los procesos no se han dado como se esperaba y hoy por hoy tenemos unos procesos lentos”, declaró Pedro Díaz, también magíster en Sistema de Gestión Ambiental y Auditoría.
La lentitud, según este exsecretario de Minas del Cesar, se ha dado “en cierta forma falta de autoridad por la autoridad, en este caso por el ANLA, también por los responsables que son las empresas en razón de que a veces hay que meter en cintura a la gente para que las cosas avancen”.
Aseguró que existe un desgaste económico por parte de las empresas. “Yo creería que ha habido derroche de dinero y que con esa inversión hoy casi que todas esas poblaciones, si se saca ese nivel per cápita, se hubieran educado; ha sido un costo altísimo. Teníamos que preguntarnos si efectivamente esas personas que han llegado en el proceso de transición han hecho verdaderamente un trabajo efectivo”, dijo Pedro Díaz, haciendo referencia a los múltiples operadores contratados por Drummond, Prodeco y CNR.
La resolución del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial obliga al operador durante la planeación a realizar un censo poblacional, formular el plan de reasentamiento y conseguir las tierras donde las comunidades serán reasentadas, todo de manera participativa con la comunidad.
La preocupación de este experto se basa en que a nivel internacional se habla que a los combustibles fósiles les queda un cuarto de hora, pero entiende que el Cesar actualmente depende de los ingresos de regalías, girados por el Gobierno Nacional a municipios productores y al departamento como tal.
“Como cesarenses debemos hacer un ejercicio de planificación en lo que queda de minería, en cómo proyectamos la minería para el desarrollo de la región, cuál era el ejercicio que debíamos hacer hace 30 años. Deberíamos hacer un plan rector prospectivo como lo llaman los brasileros, de cómo podemos desarrollar la región carbonífera del Cesar para llevarle desarrollo integral en el tema de productividad y el sector agropecuario porque tenemos que irnos preparando poco a poco para cuando termine el tema de la minería, que en algunas poblaciones está en proceso de cierre”, tales poblaciones son Chiriguaná y El Paso.
Díaz Campo advirtió que el estado tiene una deuda histórica con las regiones en donde se hace minería en el país y las del Cesar no son excepción: “hace falta realmente la presencia de la institucionalidad, del Ministerio de Minas, de la ANLA, de la Agencia Nacional de Minería para que se dé un proceso de acompañamiento a los productores, a los alcaldes, gobernadores y se generen verdaderamente regiones progresistas, con planes de desarrollo prospectivos que motiven y marquen una diferencia con otras regiones del país”.
En los plazos del Ministerio de Ambiente el reasentamiento de la comunidad de El Hatillo se tenía que realizar “a más tardar el 15 de septiembre del 2012”.
En este proceso de reasentamiento una de las entidades garantes ha sido la Secretaría de Ambiente del Cesar. Para su titular, Andrés Arturo Fernández, “hoy, afortunadamente, se ha avanzado en el Plan de Acción de Reasentamiento y reubicación de la comunidad de El Hatillo, en cuanto a Boquerón están haciendo el banco de preguntas para entrar al Plan de Reasentamiento”.
Recalcó lo dicho por Pedro Díaz, con referencia a que “este es un proceso dispendioso, que ha llevado a unir el criterio que hoy defienden tanto las empresas mineras como los diferentes pueblos entre ellos la comunidad de Boquerón”.
Para Fernández existe “un parte de tranquilidad porque hemos hecho el acompañamiento que requiere, para que a través de la Gobernación del Cesar, se surtan todas las diferentes concertaciones y se logre un proceso de manera concertada e idóneo para hacer este reasentamiento y que genere los menores traumatismos posibles”.
En un informe previo, José Link, gerente del grupo de Reasentamiento de las empresas Drummond, Prodeco y CNR, dialogó con PRIMERA LÍNEA y explicó los alcances, retrasos y retos de este proceso para poblaciones como El Hatillo y Boquerón.
En resumen, el proceso de reasentamiento de Plan Bonito actualmente está en la etapa de acompañamiento del Plan de Restablecimiento de medios de vida y espera cerrarse, con excepción de los compromisos en educación (tiene cinco años más pactados) en este 2019 de manera definitiva: en nueve años los habitantes de Boquerón no han llegado al paso de caracterización, que es el 25 % del proyecto, actualmente está solo en 3 % de avances; sin censo, estudios de tenencia, estudios etnográficos que ayudan a la caracterización de la población.
Lo que pasó en El Hatillo difícilmente está tramitándose en Boquerón, el que sería el último pueblo reasentado involuntariamente por las empresas mineras.
Para conocer a profundidad los tiempos y la forma de cómo se ejecutará el Nuevo Hatillo, pero también acelerar el proceso de Boquerón, PRIMERA LÍNEA conversó con Juan Esteban Gutiérrez Henao, gerente de la Fundación Socya, operador contratado para poner en marcha el Plan de Acción de Reasentamiento de El Hatillo y Boquerón.
Socya como operador está vinculado al proceso desde mayo de 2015, durante ese tiempo hemos estado haciendo un rol de secretaría técnica, de orientar los espacios de concertación entre la comunidad y las empresas mineras.
Identificamos los temas que había que ir abordando y se generaban documentos de trabajos y propuestas, tanto para que la comunidad como las empresas analizaran y con base a eso se dieran las discusiones.
Lo que hicimos fue evaluar lo que se había hecho antes, luego un diagnóstico y ver qué faltaba, entrar a concertar con la comunidad cómo se acaba de tomar la información. Eso fue lo que tomó más tiempo, poder acordar con la comunidad cómo recogíamos los datos, de actualizar la información del censo como por ejemplo de qué vivía la comunidad de El Hatillo, también hacía falta fortalecer información de las redes de relacionamiento social y cultural, entonces se hizo un ejercicio de cartografía social, se hizo también un levantamiento de un estudio de tenencia para ver quiénes eran los propietarios de todas las estructuras que había en El Hatillo y con base a eso se consolidó un diagnóstico completo de la realidad de El Hatillo. Teniendo eso y concertado ese diagnóstico con la comunidad el proceso de formulación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) se hizo una manera muy expedita porque digamos teníamos todos los insumos para sacarlo.
Eso permitió que en noviembre del año 2017 presentáramos una propuesta de documento de PAR completo a la comunidad, lo que se generó fue un ejercicio de concertación en el que durante todo un año, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de la Anla, de la Agencia Nacional de Tierras, diferentes instituciones, se dieran espacios en los que las empresas y la comunidad acordaron los contenidos del PAR. Finalmente se consiguió para principios del año pasado refrendar esos acuerdos, acabar de organizar todo y en noviembre 29 del año pasado (2018) tener la firma PAR por parte de la comunidad y las empresas.
Hay tres ejes principales en esa sostenibilidad: la vivienda y el hábitat, que es la vivienda y el entorno donde yo vivo, los recursos hídricos, servicios que hay en ese hábitat; adicionalmente está el tema de redes sociales y culturales, que es cómo yo restablezco mis redes sociales, las redes de amistad, cómo continúo cercano a unos miembros de mi familia, cómo busco que se preserve eso para que no se den esas rupturas que en muchos casos es importante para las familias tener esas redes de apoyo, ese componente también incluye todo un acompañamiento psicosocial; el tercer componente es el económico, de restablecimiento de la base económica de la familia y es identificar de qué actualmente las familias generan sus ingresos, mirar cómo serán afectados esos ingresos por el hecho de que la familia no continúen viviendo en El Hatillo y formular proyectos y esquemas de trabajo con proyectos productivos, con aportes, con cobertura de lucros cesantes que van a tener para que las familias puedan tener un medio de vida que restablezca esos ingresos en el nuevo sitio de vivienda.
Después del traslado viene un proceso de acompañamiento, muy intensivo al comienzo y luego ya más espaciado, en el que se haga monitoreo a que lo que se acordó en el PAR. El acompañamiento será por un periodo de cinco años, a partir del momento de traslado.
Para nosotros fue un hito por todo lo que significó y significa para las familias una esperanza de que en un proceso, que había sido complejo, ya se vayan viendo hechos concretos y obviamente para las empresas mineras poder generar el resultado que se les está pidiendo, que es poder tener un reasentamiento sostenible de estas comunidades que son vecinas de la explotación minera.
Con Boquerón igual seguimos avanzando, estamos en este momento trabajando en la concertación del censo socioeconómico de la población y sí, está más atrasado que el proceso de El Hatillo, y sí queremos que el proceso se dinamice. Si se genera la confianza suficiente podemos concertar ese diagnóstico. A pesar de que haya tanto tiempo de demora, si logramos ponernos de acuerdo y dejar avanzar el proceso de diagnóstico de manera más fluida, que es la disponibilidad que debemos tener todos los actores, podemos tener los elementos para en un tiempo muy cercano tener una propuesta de PAR para Boquerón.
La producción de carbón
El Cesar sigue siendo como el de mayor aporte a la producción de carbón en Colombia. En 2018, las riquezas del mineral en el departamento alcanzaron el 55 % del total recaudado en las distintas regiones.
Los proyectos
En los ocho proyectos donde se explota carbón en el Cesar, se reportaron 49 millones 615 mil 941 toneladas producidas durante los cuatro trimestres del año.
La Jagua de Ibirico
El municipio con mayor número de toneladas de Carbón, durante el 2018, fue La Jagua de Ibirico, con más de 19 aportadas a la industria minera.
Producción
Becerril aportó más de 15 toneladas de carbón a la producción de 2018; Agustín Codazzi 7.765.134 millones y finalmente El Paso, 4.148.656 millones. Según los datos de la Agencia Nacional de Minería.
Las regalías
Las regalías que se recaudaron por la producción de minerales como el carbón y el níquel crecieron en un 20 % el año anterior, en comparación con el 2017.
Cifras
El carbón representó el 89 % de las regalías mineras en 2018, aunque la producción se vio afectada por las lluvias que interrumpieron operaciones en proyectos del norte del país.