17 octubre, 2019
El ministro de vivienda se adjudicó la captura tras llevar las denuncias sobre la operación en Santa Marta de una red ilegal de abastecimiento de agua hace tres meses.
Última actualización octubre 17, 2019 a las 12:40 pm
El Ministerio Público señaló a los responsables de conectar, de manera ilícita, tubos para extraer agua potable del acueducto de la ciudad.
Los acusados son Pablo Castro, de 59 años de edad y Germán David Paredes Duarte de 60. Los señalados fueron capturados en flagrancia cuando se disponían a volver a dejar sin agua a más de 44 mil personas de la capital del Magdalena.
Los capturados también habían afectado el balance económico de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR).
Según la Fiscalía, operaciones conjuntas con la Sijin de la Policía Nacional lograron dar con dos inmuebles en la vereda Puerto Mosquito, desde donde se conectaban de forma ilegal a las tuberías a través de válvulas.
En la primera vivienda se encontró un pozo donde se acumulaba el agua extraída de las tuberías y desde donde se comercializaba el vital líquido sin permiso de las autoridades.
En un segundo predio estaban las dos válvulas conectadas al tubo de ESSMAR, las cuales fueron selladas para evitar su uso ilícito.
Con el material probatorio recaudado, el fiscal del caso imputó a los investigados los delitos de daño en obra de utilidad social en concurso heterogéneo con defraudación de fluidos agravado y usurpación de aguas agravada, según su responsabilidad.
Los imputados permanecerán en libertad una vez cumplan con las audiencias de presentación, aunque tendrán que portar brazaletes electrónicos del Inpec. También tendrán régimen de presentación cada 15 días a la estación de policía de Namatoco, Magdalena.
El ministro de vivienda Jonathan Malagón aseguró que gracias a sus denuncias se pudo poner fin al calvario de miles de samarios con la falta de agua.
«Hoy queremos contarles que gracias a estas denuncias y al trabajo articulado del gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, las autoridades locales, la empresa Essmar, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, hemos dado el primer golpe contundente a estas estructuras ilegales», dijo.
