27 enero, 2025
Familiares de una víctima exigen justicia y señalan omisión de autoridades en investigar los hechos.
Última actualización enero 27, 2025 a las 04:08 pm
Andrés Camilo Torres Flórez, habitante de Chiriguaná, continúa denunciando el caso de negligencia y presunta contratación irregular en el Hospital Regional San Andrés de ese municipio. Según el denunciante, un hombre identificado como Ricky Brian Sánchez Serrano, quien no tiene título médico registrado en el sistema oficial (RETHUS), habría participado en la atención de su esposa durante el parto que resultó en el fallecimiento de su hijo, ocurrido el 2 de noviembre de 2023.
«Descubrí que esta persona no es médico y aun así prestaba servicios en el hospital, poniendo en riesgo la vida de los pacientes», señaló Torres Flórez, quien desde mayo de 2024 ha recopilado pruebas que involucran contratos firmados por Sánchez Serrano con diferentes entidades de salud de la región.
Torres presentó denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría, pero asegura que no ha recibido respuestas efectivas. «He pedido un impulso procesal porque siento que el caso está siendo ignorado, a pesar de la gravedad de los hechos», afirmó.
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Entre las pruebas aportadas, se incluye documentación que demuestra que Sánchez Serrano fue reintegrado en 2022 a sus estudios de medicina por orden judicial, evidenciando que no ha completado su formación profesional. Además, señala que el supuesto médico ha sido vinculado mediante contratos en hospitales de Chiriguaná y Curumaní.
A la espera de respuesta de las autoridades
Pese a las denuncias, Torres asegura que los entes de control no han tomado medidas contundentes. «La Fiscalía y la Procuraduría tienen en sus manos pruebas claras de la falta de idoneidad de esta persona y de posibles irregularidades en la contratación, pero no actúan», dijo.
El caso ha generado indignación entre los habitantes del municipio, quienes exigen que se investigue no solo a Sánchez Serrano, sino también a los funcionarios responsables de permitir su contratación.
El denunciante solicita a las autoridades judiciales celeridad en la investigación y la judicialización de los responsables, resaltando el peligro que representa mantener a una persona sin formación médica atendiendo a la población.
Por ahora, el caso sigue a la espera de una respuesta formal de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía. Entretanto, la familia de la víctima insiste en que no descansará hasta obtener justicia. «No solo perdimos a nuestro hijo, también sentimos que las instituciones nos han fallado. Es hora de que se actúe con responsabilidad», concluyó Torres Flórez.