Un fracaso y una victoria, es el resumen de una carrera con muchos actores de sectores privado, público, organizaciones sin ánimo de lucro, el Ministerio Público, así también de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Algunas personas murieron esperando el reasentamiento y quienes sobreviven aguardan por ser parte de una historia que se labró en más de mil horas de propuestas, contrapropuestas, investigaciones, viajes y asesorías.
En El Hatillo la confianza jugó un papel trascendental en la configuración de un acuerdo para refrendar el Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), con las empresas Drummond, Prodeco y CNR, obligadas por el Gobierno Nacional mediante la resolución 0970, modificada por la 1525 de agosto de 2010, a reubicar tres poblaciones en el Cesar por el alto grado de contaminación ambiental.
A la comunidad, ubicada a escasos cinco kilómetros del corregimiento de La Loma, Cesar, donde la temperatura la mayor parte del día no baja de los 38 grados centígrados, ahí llegó PRIMERA LÍNEA a esculcar en los rincones donde la poca vegetación termina siendo escasa para producir aire limpio, donde el carbón está en todas partes; suelo, cocina, cama, patio, sala, producto de la polución proveniente de las minas de explotación a cielo abierto. Con solo ir a la cancha de fútbol se observan camiones, dragas y vehículos de carga pesada utilizados en la industria para extraer el mineral usado especialmente para la generación de energía.
La vía es destapada y el fuerte verano hace que los vientos levanten tierra todo el tiempo. Basuras de lado y lado acompañan un recorrido tenso debido al fuerte calor. Ingresando al pueblo, las casas de mepa de palma y barro son un ‘espejismo’ del carbón existente que se marca en la tierra cuando el vehículo donde nos transportábamos tomaba la ruta para llegar hasta las oficinas de la Junta de Acción Comunal (JAC). Metros más adelante está la Escuela Nueva Valentín Manjarrés de El Hatillo, lugar donde los niños del pueblo solo pueden conquistar la Básica Primaria.
Allí nos recibieron Jesualdo Vega Camacho, secretario de la JAC y representante en el Comité de Concertación; Deiby Rojas Jaimes, representantes del Comité de Concertación; también Beatriz Franco, asesora de comunicaciones de El Hatillo; Angie Sosa, integrante del Comité de Comunicaciones; José del Carmen Correa Parra, gerente del Centro de Recursos Integrales Productivos (CRIP); entre otros habitantes.
La JAC está adecuada en unos tráileres especiales donde hablamos con Angie Sosa, integrante del Comité de Comunicaciones, encargada de escuchar y retroalimentar a sus vecinos sobre reuniones con el Grupo de Reasentamiento o Socya, el operador vinculado al proceso desde mayo de 2015.
“Es bueno estar comunicado y comunicarle a la gente lo que está pasando. Estar pendiente de cualquier cosa y estar preparados para explicarle a la comunidad lo que se vaya a tratar porque cuando no hay información se tiende a trabajar con un teléfono roto”, dijo la joven de 23 años y madre un niño de dos años.
El colectivo está conformado al menos 20 jóvenes que han recibido formación en talleres de radio, fotografía y hasta comunicación estratégica.
“Yo nací aquí. Nunca me imaginé salir de este pueblo hacia otro para volver a adaptarme. La vida se trata de adaptación y medírsele a las nuevas metas para así tener costumbres nuevas. Veo a El Nuevo Hatillo donde trabajemos todos unidos por lo que queremos. Es un gran cambio”, declaró Angie Sosa.
Los hatillanos conscientes de que en un tiempo no muy lejano el pueblo desaparecerá del mapa geográfico del Cesar y de Colombia, confían en lo productivo de irse a una zona libre de carbón.
Como dato encontramos que la población entre los 15 y 24 años de edad de la vereda muestra un rezago en materia de analfabetismo. Las cifras estimadas con base en la actualización censal de 2014 registran una tasa de 3,2 %, lejos aún de la meta fijada por el país para 2015 de un 1 %, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, referente al perfil ocupacional y productivo de los habitantes de El Hatillo.
Otro testimonio clave para entender el reasentamiento fue de José del Carmen Correa Parra, gerente del Centro de Recursos Integrales Productivos (CRIP), una banca comunitaria creada a través de la compensación que obliga el Gobierno Nacional a las multinacionales mineras.
“Esta fue una implementación que se realizó en Yopal, Casanare, y un personal de El Hatillo estuvo visitando y vieron el funcionamiento de las bancas comunales. De allá nació esta propuesta y la trajeron para establecerla en El Hatillo. Los créditos se aprueban cada 15 días por una junta directiva integrada por siete directivos”, advirtió el joven de 28 años.
Curiosamente la manera de hacerle seguimiento a los clientes es por medio de las tiendas de la población: “Nos basamos en las tiendas de la comunidad como especie de un DataCrédito; si el cliente está reportado obviamente a esa persona no se le puede hacer el crédito”.
Y es muy fácil acceder a un crédito en el CRIP, los únicos requisitos son estar inscrito en la Junta de Acción Comunal y residir en El Hatillo.
Brindan además una forma de alquilar herramientas para trabajar. Las personas tienen la oportunidad de rentar una pala, vitrinas, hachas, machetes, entre otras por valores entre los $1.000 y $5.000 por día.
“Un ejemplo es el de Yamilet Luna, ella solicitó $300.000 para comprar insumos como vitrina, cucharas, ollas, sartenes y la materia prima, el CRIP le aprobó su solicitud y ella es una microempresaria en El Hatillo”, recalcó José Correa.
El proyecto nació el 25 de octubre de 2018, luego de cerca de cuatro meses de implementación ya maneja 50 usuarios activos de crédito. Y hay un objetivo claro con esta banca comunal: “El objetivo es implementarlo en el Nuevo Hatillo. En cinco y le pongo seis años máximo, para que nosotros seamos independientes con este gran proyecto, sin necesidad de pedirle a las empresas mineras porque se volverá sostenible con el favor de Dios”, exclamó con fe.
Fiel a su concepto de que no era un sueño salir de El Hatillo, Correa asimila el reasentamiento y lo ve “como una bendición, estos procesos no se presentan cada día, esto es una bendición de Dios que hoy tengamos esa virtud de ser reasentados y que sea de la mejor manera”.
Un proceso de reasentamiento ya había fracasado en El Hatillo. Eso enseñó a la comunidad a ir en búsqueda de soluciones y confiar en líderes para negociar lo que era una realidad, como era salir del territorio e ir a otro libre de contaminación.
La resolución 0970 obligó a las empresas a constituir una fiducia de patrimonio para financiar el reasentamiento de Plan Bonito y El Hatillo, en El Paso, y Boquerón, perteneciente a La Jagua de Ibirico; con la partida del 51 % de Drummond, el 40 % de Prodeco y el 9 % de CNR. Primero contrataron como operador a Fonade y como interventor a la Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica, CETEC. El objetivo básico era buscar un acercamiento con las comunidades y lograr el censo poblacional. Ese proceso fue una decepción para ambas partes.
En 2012, las empresas vincularon a un nuevo operador, llamado Replán, con el que se reabrió la puerta al reasentamiento. En 2015 llegó Socya y le dio rumbo a lo que parecía estaba a la deriva.
Desde aquel 20 de mayo de 2010, cuando el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial estableció la participación de las empresas mineras en el proceso de reasentamiento conforme a la proporcionalidad, en El Hatillo contaron más de 3.000 días esperando la firma del Plan de Acción de Reasentamiento, que se dio el 18 de noviembre de 2018.
¿Dónde estuvo el secreto? ¿Cuáles fueron los actores importantes? Una respuesta a estos interrogantes fue dada por Beatriz Franco, asesora de comunicaciones de la comunidad de El Hatillo.
“Realmente son desafíos bastantes complejos, toda vez que las personas se mueven en temores, en dudas, en muchas preguntas, miedo a lo desconocido, que lógicamente será el traslado. También hay que hacer un ejercicio muy importante de producir medios, que les ayuden a ellos a entender mensajes claros, toda una campaña con los niños, jóvenes, de ahí el papel tan importante que cumple el Colectivo Comunicaciones para que ayude a contextualizar toda la comunicación”, dijo Franco.
Dominique Wolton hace referencia en su libro ‘Pensar la comunicación’ al límite de toda comunicación que se da para comprender que existe el otro y que permanece inalcanzable, teniendo dificultades a la hora de comunicarse porque no encuentran reglas en una sociedad donde existen facilidades para mejorar el contenido de intercambio de información por parte de los seres humanos.
“Todo el acercamiento estratégico en comunicación con ellos tiene que ver es cómo cuentan la historia de su vida y cómo se tejieron los lazos de afecto, de tradición gastronómica, cultural, la música y nos ha dado muy buenos resultados esa estrategia porque además se sienten reconocidos, valorados y desde luego se constituyen en un referente para ese nuevo territorio”, manifestó Beatriz Franco.
Por su parte, Deiby Rojas Jaimes, representante del Comité de Concertación, contó que una de las tareas más difíciles fue trasmitirle a la comunidad el mensaje de cómo era el acuerdo implementado: “Que le entiendan a uno tal cual como uno lo vive en las mesas. Poder pensar en cada particularidad de las familias, que el acuerdo que se esté pidiendo o el beneficio que se esté negociando, sea el que le aplique bien a la comunidad. Trabajamos los 151 acuerdos que reúnen las posibilidades de la nueva vida en El Hatillo”.
Y para el Nuevo Hatillo ya construyen maquetas, trabajos arquitectónicos, para que los hatillanos puedan ver eso tangible y visualizar cómo será sus nuevos espacios: “Aunque no logran abandonar en su imaginario sus estructuras tradicionales con mepa de palma y barro, y dar paso a un nuevo material que ofrece más seguridad y otras cosas, culturalmente no es muy aceptado, pero aun así la gente se ha venido familiarizando con esa idea”, sostuvo la asesora de comunicaciones.
Para la nueva etapa hay un medio de comunicación específico y es la radio, “otra de las estrategias que de manera interesante le va ayudar a construir las relaciones en el Nuevo Hatillo”, comenta. Actualmente hay una capacitación segmentada en torno a cómo se produce la radio, cómo se maneja la triple voz de la radio, cómo se debe producir un reportaje, una crónica, cómo hacer un noticiero, un informativo, actividades que les permitan a sus habitantes apropiarse del lenguaje de la radio para contar desde su realidad, ese paisaje sonoro.
El Nuevo Hatillo contará con hasta siete tipos de viviendas, de acuerdo a lo concertado con las familias, canchas de fútbol, centro comunitario, centro educativo, equipamiento comunitario, parque comunal, puesto de salud, entre otros servicios como agua potable, electricidad.
La defensora del Pueblo en el Cesar, Denia Esther Zuleta Castilla, explicó que hicieron las veces de facilitadores en el marco del proceso de reasentamiento.
“No fuimos garantistas porque no teníamos como brindar unas garantías en ese proceso, pero sí fuimos facilitadores porque es un proceso complejo donde hay varias partes: empresas, operador y representantes de la comunidad”, explicó Zuleta Castilla.
Reconoció “momentos muy difíciles en las mesas de concertación porque había que tomar decisiones con respecto a la vida, a la cultura de esas comunidades, y en ese momento sirvió la Defensoría como facilitador del proceso porque otras instituciones dejaron de asistir”.
Dentro del reasentamiento la Defensoría del Pueblo llamó la atención a instituciones como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y otros actores: “llegamos al punto, con el fin de que el proceso avanzara con la velocidad que debía, a través de la delegada de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, recomendaciones para un buen desarrollo”, advirtió la Defensora del Pueblo en el Cesar.
Lograr la firma del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) en El Hatillo no fue fácil, así lo consideró José Link, gerente del grupo de Reasentamiento de las empresas Drummond, Prodeco y CNR.
Al final fueron cobijadas 203 familias, cifra traducida en más de mil personas, entre ellas más de 400 niños.
Link habló con PRIMERA LÍNEA sobre el proceso, los inconvenientes y el acuerdo con la comunidad que aborda los componentes de hábitat y vivienda, actividades económicas, y redes sociales y culturales de los habitantes de esta población.
Unos años antes de la resolución del 2010, el gobierno colombiano preocupado por el desarrollo de las minas y que la potencial contaminación que éstas pueden generar, realizó un estudio prospectivo de la calidad del aire en la región con una universidad de México, a la luz de que las minas iban a crecer y las poblaciones alrededor de las minas también; el estudio concluyó que debido a la producción adicional, al gran crecimiento, la calidad del aire iba a hacer directamente proporcional a ese crecimiento, y el impacto hacía inadecuada el asentamiento de poblaciones alrededor de las minas. Y determinó que tres poblaciones: Plan Bonito, El Hatillo, localizadas en El Paso, y Boquerón en La Jagua de Ibirico, deberían ser reasentadas como medida preventiva para protegerlos de la potencial contaminación. Ese estudio sucedió en el año 2008 y para el año 2010 salió una resolución.
El proceso de reasentamiento de Plan Bonito está muy avanzado. Estamos en la etapa de acompañamiento del plan de restablecimiento de medios de vida y esperamos cerrarlo, con excepción de educación que va por cinco años más, tenerlo clausurado este año de manera definitiva.
En Boquerón la población ha crecido de una manera sustancial, pero lo que más ha crecido es la división de predios y algunas infraestructuras de vivienda. Para darle un ejemplo, Boquerón de 2007 tenía no más de 140 predios, Boquerón de 2018, tiene más de 1.600; Boquerón de 2007, tenía unas 95 a 100 familias, Boquerón de 2018 no hemos podido hacer el censo, pero tiene cerca de 350 familias.
El proceso de Boquerón tiene una connotación adicional que lo complica y es que un grupo de comunidad, mayoritariamente no residente, se auto califica como población afrodescendiente y eso genera una dificultad en el relacionamiento y en las convocatorias porque aunque no están legalmente constituidos; sí tienen una característica de trato, pero no está claro si se define una consulta previa o no, porque el Ministerio del Interior no los ha reconocido como comunidad afro. Pero ellos al haberse auto reconocido, creen que sí. Ese tipo de discusiones complica mucho el avance de un proceso de esta naturaleza.
En nueve años en Boquerón, no han llegado al paso de caracterización, que es el 25 %, nosotros vamos (hoy) en el 3 %: no hemos podido hacer censo, estudios de tenencia, etnográficos que ayudan a la caracterización de la población. La responsabilidad es de todos. De las empresas, de la comunidad, de las entidades que dirigen el proceso. Es muy evidente que con un acompañamiento débil de entidades como Anla, dueña del proceso, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería Municipal, es muy difícil salvaguardar un equilibrio.
En El Hatillo sucedió algo intermedio de lo que pasó en Boquerón y Plan Bonito, es que aunque se tomó un tiempo largo desde el mismo 2010 hasta el 2016, se logró levantar los niveles de confianzas entre las partes para que esto fluyera. Somos como enemigos pero cuando se vencen esas barreras se logra desarrollar más rápidamente el proceso.
En 2016 logramos levantar una barrera de confianza muy buena y de ahí para acá empezó un proceso de concertación más ágil y dinámico, con las dificultades que obviamente conlleva acordar cosas tan esenciales como el arraigo o el plan de vida de una comunidad.
Son más de 203 familias, más o menos unas mil personas. Los impactos son personalizados por familia y para cada uno de ellos hay un paquete de compensación, ya sea por un reasentamiento individual o colectivo.
Logramos vencer las barreras de desconfianza existentes en este tipo de proceso, más rápido en El Hatillo que en Boquerón, donde no hemos podido vencer ese impase todavía.
La comunidad le preocupa el tiempo de transición, que no es tan corto como uno quisiera porque obtener un permiso de cambio de uso de tierra para que el nuevo predio se convierta en el pueblo, luego la licencia de construcción acarrea otro tiempo. La gente tiene esas expectativas de que ya les dijimos que se iban y se quieren ir.
Pienso que la población de El Hatillo está contenta con los acuerdos que se lograron en el proceso.
Reservas de carbón
Colombia tiene un mapa de zonas carboníferas, ubicándose principalmente en 10 departamentos con recursos y reservas de carbón: La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Córdoba, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Cauca.
Explotación de carbón
El Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Minería prorrogó por 20 años la explotación de carbón en la mina La Loma, de la empresa Drummond, ubicada entre los municipios de El Paso, Chiriguaná y La Jagua de Ibirico.
Inicio del proceso
Según los censos realizados al inicio del proceso, las familias involucradas en el reasentamiento, incluyendo residentes y no residentes, eran 172 familias en Plan Bonito y 277 familias en El Hatillo. En Boquerón no se ha efectuado el censo, pero se estima que haya alrededor de 350 familias.
La Loma
La Loma es la mina más antigua del Cesar. Ocupa alrededor de 5.700 hectáreas, lo que equivale a 11 veces el tamaño de la ciudad de Valledupar.
Las empresas
Actualmente en el Cesar hay tres empresas extractoras y exportadoras de carbón: Drummond, Colombian Natural Resources y Grupo Prodeco, que pertenece a una empresa llamada Glencore–Xtrata.
Drummond
Drummond es la empresa más antigua que opera en el Cesar. Su sede principal está ubicada en Alabama, Estados Unidos. Actualmente tiene proyectos de explotación en las minas La Loma, el Descanso, Similoa, Rincón Hondo y Cerro Largo. Aporta el 64 % de la producción de carbón en el Cesar.
Proyectos de minería
En el Cesar existen proyectos de minería a cielo abierto como: La Loma, El Descanso, La Jagua, Yerbabuena, Calenturitas, La Francia, El Hatillo, La Divisa (Cerro Largo). Estos pertenecen a empresas como Drummond, Grupo Prodeco, CNR y Norcarbon.