6 noviembre, 2024
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a la excongresista Aída Merlano por irregularidades en campaña electoral.
Última actualización noviembre 6, 2024 a las 05:18 pm
La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de la excongresista Aída Merlano Rebolledo por violación de los topes de gasto electoral. La decisión, emitida el 6 de noviembre por la Sala de Casación Penal, confirma la sentencia inicial de cinco años y seis meses de prisión, interdicción para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y una multa de $3.430.048.837 impuesta en 2022. Esta decisión cierra uno de los capítulos judiciales más controversiales relacionados con financiamiento electoral en Colombia.
El caso se remonta a las elecciones al Congreso de marzo de 2018, cuando Merlano, en su aspiración al Senado, fue objeto de una investigación tras el allanamiento de su sede de campaña. Durante esta operación, las autoridades hallaron documentos y comprobantes de cheques que, según el expediente, demostraban la entrega de recursos a personas vinculadas a su campaña. Estos hallazgos fueron elementos clave en el proceso que derivó en su condena.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Freno de mano’ a Jaime González en la carrera por la gerencia del SIVA
En su reciente decisión, bajo la ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, la Sala Penal rechazó los argumentos presentados por la defensa de Merlano, que alegaban insuficiencia de pruebas. Según el tribunal, la evidencia recopilada muestra que los recursos financieros que respaldaron la campaña de Merlano provenían de operaciones realizadas por los hermanos Gerlein Echeverría, quienes habrían financiado la actividad proselitista de la exrepresentante a la Cámara, infringiendo así la normativa electoral vigente.
Esta sentencia reafirma la postura de la Corte Suprema frente al uso de recursos irregulares en campañas políticas y refuerza el mensaje de que la violación de los límites de financiamiento en procesos electorales tendrá consecuencias judiciales. La condena contra Merlano se suma a otras decisiones judiciales recientes que buscan garantizar la transparencia en el sistema democrático del país.
