18 noviembre, 2019
Una denuncia del concejal Ricardo Vives deja al desnudo supuestas violaciones a las normas al interior de la administración de Augusto Daniel Ramírez Uhía.
Última actualización noviembre 18, 2019 a las 03:34 pm
Un nuevo escándalo tiene la administración de Augusto Daniel Ramírez Uhía en el seno de la contratación pública. Al ya tildado sobrecosto de la plaza Alfonso López, el denunciado cartel del predial y hasta los millonarios recursos destinados para el programa Cultura Ciudadana, ahora se suma el supuesto desvío de dinero para comprar pasa bocas, gaseosas, vino y hasta champaña, en actos de primeras piedras, así como en la posesión de algunos funcionarios de la Alcaldía de Valledupar con dineros para los ancianos y la cultura.
Esto fue revelado al posesionarse 16 nuevos concejales, quienes llegan a suplir la vacancia dejada por los destituidos e inhabilitados recientemente por la Procuraduría General de la Nación.
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El concejal y otros 10, quienes se hacen llamar el “grupo de los 11”, encontraron respaldo en el resto de la bancada y citaron al secretario General del municipio, José Juan Lechuga; secretario de Hacienda y al jefe de la Oficina del Adulto Mayor, así como invitaron a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Personería y la Contraloría de Valledupar. Además al representante legal de la Fundación Creciendo con Cultura.
Ricardo Vives Fernández aseguró que el contrato en mención tendría vicios de corrupción desde la adjudicación, al hacerse a través una subasta inversa, que tuvo a un solo oferente y no se dio cumplimiento a unas cláusulas.
“La cláusula tercera del contrato 1011, indica que la contratista debía contratar un mínimo de cuatro personas, Valledupar es la tercera ciudad con mayor desempleo, pero el contratista hizo caso omiso y nunca tuvo los empleos; además de eso, no cumplió con los aportes parafiscales que entrega el artículo en el numeral 10; al no tener los empleados evadió la obligación de los parafiscales”, señaló Vives Fernández.
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Para el concejal, “habría un conflicto de intereses entre el representante legal de la fundación y el supervisor del contrato, porque sería un familiar. También la falta de priorización de los recursos”.
El objetivo del contrato era la prestación de servicios de apoyo logístico en la organización y ejecución de eventos para la promoción de actividades y programas realizados por el Municipio de Valledupar-vigencia 2018. La ejecución se cumplió en seis meses y el representante legal de dicha fundación fue Leonid Arturo Martínez Ochoa.
Sin embargo, otra irregularidad sería que del monto del contrato tomaron dinero, que era exclusivamente para pago de subsidios de adultos mayores e inversión en cultura, y pagaron eventos de primeras piedras y la posesión de funcionarios del Área Metropolitana y Talento Humano de la alcaldía local.
“Con recursos de los vallenatos se pagaron más de 11 millones de pesos en posesión de funcionarios como Talento Humano y Área Metropolitana. En el patio colonial se pagaron más de 5 millones de pesos en sonido, con supuestamente 20.000 mil vatios de sonido, y en otras actividades que no cumplían con esos decibeles”, declaró Ricardo Vives.
“Con recursos que la ley no permite se desvíen ni se toquen sino que son con designación específica como es la estampilla proanciano y estampilla procultura, fueron más de $443 millones y los otros $788 con recursos propios, dentro de esta última una adición presupuestal de $132 millones”, advirtió Vives.
El debate para conocer el trasfondo de esta denuncia se realizará el 25 de noviembre, a las 8:00 de la mañana en el recinto del Concejo, allí la administración con sus secretarios y funcionarios tendrá la oportunidad de explicar esta millonaria inversión y aclarar si tiene investigaciones pendientes con las autoridades competentes.
