Luego de la investigación de la Fiscalía en contra de Francisco Manuel Meza Altamar, alcalde de El Copey, Cesar, y de Belkis Leonor Jiménez Nieves, exsecretaria de inclusión social y deporte de la localidad, un fiscal adscrito a la Seccional Cesar impuso medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en sus lugares de residencia.
Esta medida se da tras evidenciarse presuntas irregularidades en la celebración de 14 contratos dispuestos para la prestación de bienes y servicios, con un monto que asciende a $4.068 millones, por parte de los acusados. Cabe recordar que, a Antonio María Andrade Zambrano, representante legal de la empresa Sicarcol S.A.S., lo cobijó con una medida no privativa de la libertad.
El ente de control pudo evidenciar, que el actual alcalde, fue propietario, dueño, gerente y representante legal de la Fundación para el Desarrollo Social y Productivo (Fundecop) y en el caso de la empresa Servicios Integrales del Caribe S.A.S., en sus inicios figuraba como propiedad de un hermano del mandatario.
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