1 octubre, 2019
El exgobernador del Cesar y el exalcalde de Valledupar son acusados por presuntas irregularidades en distintos contratos, ejecutados entre 2013 y 2015.
Última actualización octubre 1, 2019 a las 11:14 am
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, por presuntas irregularidades relacionadas con la suscripción del pliego de condiciones, en el proceso de subasta inversa No. SASI 015-2015, por cerca de $2.000 millones.
Además, reprochó el presunto actuar irregular de la exjefe de la Oficina Jurídica, Mery María Romero Mestre, al adjudicar la subasta a través de la Resolución No. 003892 y celebrar el contrato 784, del 28 de diciembre de 2015, sin presuntamente tener en cuenta que el pliego, al parecer, tenía condiciones restrictivas y discriminatorias de la libre concurrencia de oferentes.
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El Ministerio Público señala además a los exsecrearios General y de Educación, César Cerchiario de la Rosa y Juan Carlos Calderón Araujo, en las irregularidades contratuales por las que es cuestionado Monsalvo Gnecco.
Según la investigación, los exfuncionarios de la gobernación habrían vulnerado el principio de transparencia y selección objetiva al suscribir el estudio previo del proceso de selección No LP-SGR-0004-2013 y firmar la Resolución 001713.
Estas presuntas irregularidades provocaron las condiciones para el proceso contractual y el contrato No. 2013-02-0808 celebrado por la gobernación a cargo de Monsalvo por un monto de $1.520 millones.
El objeto de contrato fue la dotación de vestidos y zapatos de labor correspondientes a los docentes vinculados a la secretaria de educación departamental del cesar, que devengaron menos de dos salarios mínimos legales vigentes entre 2009 y 2012.
Los beneficiarios corresponden a los tres cuatrimestres del año 2012, los tres cuatrimestres del años 2011, al último cuatrimestres del año 2010, y el pasivo exigible correspondiente al rezago de dotaciones dejadas de cancelar de los años 2009 y 2010 de los educadores.
El contrato fue adjudicado a la Comercializadora Pointer S.A., representada por Ramón Heli Ortiz.
El órgano de control acusa al exgobernador de presuntamente no ejercer control y vigilancia en la etapa precontratual del proceso, y en celebración del negocio jurídico, permitiendo que el entonces secretario de Educación determinara como modalidad de contratación la licitación pública.
Para la Procuraduría al proceso contractual le «correspondía adelantar una selección abreviada, teniendo en cuenta que se trataba de acuerdo de voluntades para la dotación de vestido y calzado de los docentes adscritos al departamento».
Así mismo, advirtió que en el pliego de condiciones adoptado por Cerchiaro de La Rosa, hoy Contralor Departamenal del Cesar, se incluyeron presuntamente «criterios de calificación no objetivos, y una condición que pudo haber restringido la libre concurrencia de oferentes».
La Procuraduría cuestionó una presunta vulneración al principio de transparencia y responsabilidad y calificó de manera provisional la supuesta falta de los investigados, como gravísima a título de culpa gravísima.
