7 noviembre, 2024
Denuncias sobre supuestas amenazas desatan suspicacias entre ciudadanos que cuestionan el interés en conservar los esquemas de seguridad.
Última actualización noviembre 7, 2024 a las 07:47 am
La periodista Paola Acevedo se ha convertido en el centro de esta controversia. Recientemente, compartió en redes un mensaje donde un usuario la acusaba de recurrir a “otra amenaza de panfleto sin confirmación para obtener camioneta, gasolina y chofer gratis”. En respuesta, Acevedo publicó un video en el que insiste en el peligro real que enfrenta, afirmando: “Es mi vida, yo decido si la arriesgo o no… No soy Ingrid Betancourt a la que le dicen no vaya y se mete de cabeza, no”.
En el Cesar, una serie de políticos y figuras públicas parecen seguir un patrón: cada vez que se acerca el fin de sus esquemas de protección, emergen denuncias de amenazas en su contra. Esta vez, varias figuras, entre ellas Claudia Margarita Zuleta y Katia Ospino, han alertado sobre supuestas amenazas de grupos ilegales. Sin embargo, muchos ciudadanos se muestran escépticos, sosteniendo que estas denuncias podrían ser una estrategia para no perder los beneficios de seguridad, que incluyen escoltas, vehículos blindados y otros recursos pagados con fondos públicos.
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Este tipo de situaciones no es nuevo en el país. Cada año, cuando los esquemas de seguridad están próximos a vencerse, no falta quien difunda mensajes o videos sobre amenazas de supuestos grupos criminales, según denuncias de ciudadanos en redes sociales. Esta «jugada», como muchos la llaman, es vista por algunos como un intento descarado de asegurar la renovación de sus costosos esquemas de protección.
El debate sobre estas denuncias se ha convertido en un tema candente entre la población, que pide que se realicen investigaciones exhaustivas sobre la veracidad de dichas amenazas. Para muchos, si el peligro es auténtico, el Gobierno debe actuar; pero si no, sería hora de poner fin al uso de fondos públicos para el beneficio personal de unos pocos.
