21 junio, 2019
En otro caso, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Ciénaga, Magdalena, Luis Alberto Tette Samper, por presuntas irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar.
Última actualización junio 21, 2019 a las 07:10 pm
En manos de la Procuraduría General de la Nación cursan dos investigaciones contra los alcaldes Turbo (Antioquia) y Villa del Rosario (Santander).
Para el primer caso, el ente de control abrió investigación disciplinaria contra el alcalde del Distrito Portuario de Turbo, Alejandro Abuchar González, por presuntamente no adelantar acciones contra funcionarios que al parecer no asistieron a trabajar el primer trimestre del año 2018.
El Ministerio Público investiga una denuncia según la cual el mandatario no habría adelantado acciones ante la supuesta inasistencia a laborar del jefe de Control Interno Disciplinario y del subsecretario de Contratación y Defensa Jurídica de la alcaldía, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, y quienes al parecer sí hicieron el cobro de sus salarios en este tiempo.
Por esto se ordenó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entre estas, solicitó la certificación del proceso o procedimiento que tiene el ente territorial para llevar el control de asistencia laboral, y el registro de este de enero, febrero y marzo 2018. El alcalde podrá ser escuchado en versión libre.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Villa del Rosario – Norte de Santander, Pepe Ruiz Paredes, por presuntas irregularidades contractuales.
La medida también cobija al jefe de la Oficina Jurídica y de Personal, Edgar José Valbuena Monsalve, y a la subsecretaria de Asuntos Comunitarios, Familia y la Juventud, Lendy Liceth Martínez Velásquez.
La Procuraduría Provincial de Cúcuta le reprochó al mandatario, el presuntamente haber desconocido los principios de planeación y economía al celebrar los contratos de prestación de servicios No. 037, 127 y 329 del 2016, sin que al parecer dejara claro cuáles eran las necesidades que si iban a satisfacer y las actividades que debía ejecutar el contratista.
Los contratos estaban dirigidos a cumplir con la «prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subsecretaría de asuntos comunitarios en relación a las políticas juveniles desarrolladas por la entidad.» por un valor total de $14 millones 400 mil pesos.
Para el ente de control, Ruíz Paredes pudo haber incurrido en falta disciplinaria al presuntamente no adelantar los estudios previos, ni el análisis del sector, necesarios para la ejecución de los negocios jurídicos.
Así mismo, formuló pliego de cargos a la subsecretaria de Asuntos Comunitarios y supervisora de los contratos y al jefe de la Oficina Jurídica y de Personal, por presunta omisión de sus deberes.
La Procuraduría Provincial les reprochó su posible desatención al proyectar para firma del alcalde los acuerdos contractuales, sin que estos, al parecer, contaran con la planeación, organización, coordinación y control requeridos por la normatividad vigente.
Para el Ministerio Público, los disciplinados habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen y garantizan la función pública por lo que calificó las faltas, provisionalmente, como gravísimas a título de culpa grave.
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