15 julio, 2026
La MOE explicó que, tras aplicar modelos estadísticos y análisis de regresión, encontró que el comportamiento electoral estuvo más asociado a factores como las dinámicas políticas locales.
Última actualización julio 15, 2026 a las 10:37 am
La Misión de Observación Electoral (MOE) concluyó que no existe evidencia de que los grupos armados ilegales hayan determinado de manera generalizada el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en las zonas rurales del país.
La conclusión hace parte del informe «La paradoja del voto cautivo. Evidencia electoral y modelos de riesgo en la segunda vuelta presidencial de 2026», en el que la organización analizó los resultados de los escrutinios en puestos de votación rurales y los comparó con los mapas de riesgo por presencia de actores armados.
De acuerdo con el estudio, aunque persisten amenazas contra la libertad del sufragio en varias regiones, los datos no evidencian una relación consistente entre la presencia de grupos ilegales y un aumento sistemático de la votación a favor de alguno de los candidatos.
La MOE explicó que, tras aplicar modelos estadísticos y análisis de regresión, encontró que el comportamiento electoral estuvo más asociado a factores como las dinámicas políticas locales, los liderazgos regionales, las identidades partidistas y las trayectorias históricas de cada territorio.
El informe también señala que en el 37,7 % de los municipios rurales analizados coexistían varios grupos armados, una situación que, según la organización, dificulta que una sola estructura ilegal pueda orientar de forma absoluta el voto de la población.
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Otro de los hallazgos indica que el incremento de la participación electoral en las zonas rurales, que alcanzó el 64,39 % durante la segunda vuelta presidencial, responde principalmente a una mayor movilización ciudadana y a mejores condiciones de acceso a los puestos de votación, y no a una presión generalizada de organizaciones armadas.
El análisis solo identificó dos municipios con comportamientos electorales considerados atípicos: Jambaló y Toribío, en el Cauca. Sin embargo, la MOE señaló que esas variaciones obedecen a procesos de organización comunitaria y representación sociológica, y no a hechos de coerción armada.
En sus conclusiones, la organización reiteró que los resultados no respaldan la tesis del denominado «voto fusil» como explicación del comportamiento electoral en la ruralidad colombiana e insistió en la necesidad de fortalecer las garantías para que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto en las regiones afectadas por la violencia.
