22 septiembre, 2025
La Comisión de Disciplina Judicial investiga la cuestionada decisión que benefició al contratista señalado como el ‘cerebro’ del caso Centros Poblados, donde se esfumaron $70 mil millones destinados a la conectividad rural.
Última actualización septiembre 22, 2025 a las 03:40 pm
La libertad condicional otorgada a Emilio Tapia, condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su responsabilidad en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, encendió las alarmas del sistema judicial. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, quien el pasado 11 de abril concedió el polémico beneficio al contratista.
La Procuraduría General de la Nación apeló de inmediato la decisión, al considerar que no se cumplieron los presupuestos legales para otorgar la medida. Citó normas como el artículo 64 del Código Penal y el artículo 150 del Código Penitenciario y Carcelario, que establecen limitaciones para otorgar beneficios a condenados por delitos contra la administración pública, además de la obligación de que las entidades afectadas se constituyan como parte civil en el proceso.
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La Comisión de Disciplina avanzó en el caso luego de recibir copias compulsadas el 22 de abril, y tras una indagación preliminar, este 17 de septiembre anunció la apertura formal de investigación. El proceso busca esclarecer no solo las circunstancias que rodearon la concesión de la libertad condicional, sino también una presunta mora en la tramitación del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.
Emilio Tapia, conocido como uno de los principales artífices del entramado de Centros Poblados, habría facilitado la entrega de un anticipo de 70 mil millones de pesos mediante falsas garantías bancarias. Dinero que debía destinarse a conectar con internet a comunidades rurales vulnerables, pero que terminó extraviado en uno de los mayores escándalos de corrupción reciente en el país.
Con este nuevo capítulo, el caso Tapia vuelve al centro del debate público y jurídico, cuestionando las grietas de un sistema que, en lugar de blindar la justicia, parece abrir puertas para que los responsables de desfalcos multimillonarios recuperen su libertad antes de tiempo.
