1 agosto, 2025
Esta articulación interinstitucional busca promover una cultura de la legalidad y castigar con rigor a quienes incurran en estos delitos.
Última actualización agosto 1, 2025 a las 06:13 pm
Con el objetivo de combatir el fraude, el hurto y la manipulación ilegal de servicios, las principales empresas prestadoras de servicios públicos en Valledupar firmaron el Acuerdo por la Legalidad, una alianza estratégica que busca proteger la infraestructura pública y garantizar la equidad en el acceso a servicios esenciales.
Durante el encuentro, también participaron altos mandos de la Fuerza Pública, como el coronel Alex Uriel Durán Santo, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar; el coronel William Javier Morales Vargas, comandante de Policía del Cesar; y Ronald Calderón, director seccional de la Fiscalía.
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La firma de este pacto marca el inicio de una estrategia conjunta denominada Unidos por la Legalidad, con la que se busca frenar los delitos que afectan la sostenibilidad de los servicios públicos y castigar a quienes se benefician de ellos de manera ilegal, en detrimento de los usuarios que sí cumplen.
“La cooperación entre las empresas es vital no solo para reducir pérdidas, sino para fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus servicios”, aseguró Ricardo José Arango, de Afinia.
Uno de los puntos más alarmantes es el alto volumen de pérdidas económicas a causa del fraude. En el sector eléctrico, Afinia reporta pérdidas mensuales que superan los 159 mil millones de pesos. Recursos que, de no ser desviados por conexiones ilegales, podrían invertirse en mejorar la cobertura y calidad del servicio.
El gerente de Estiv, Ricardo Henríquez, denunció que en sectores como la carrera 27, barrio Emiliano Zuleta y la avenida Simón Bolívar se han detectado múltiples irregularidades en el alumbrado público, con un daño económico cercano a los 500 millones de pesos y más de 70 denuncias ya en curso ante la Fiscalía.
Por su parte, Gases del Caribe reveló que en el Cesar se pierden anualmente más de 80.000 metros cúbicos de gas por consumos no registrados, lo que equivale a aproximadamente 200 millones de pesos.
La firma del acuerdo también contempla jornadas de sensibilización ciudadana y el fortalecimiento de mecanismos judiciales, con el respaldo de la Dirección Seccional de la Fiscalía. Esta articulación interinstitucional busca promover una cultura de la legalidad y castigar con rigor a quienes incurran en estos delitos.
