Gobierno busca que los colombianos paguen menos en la factura de luz

Última actualización julio 26, 2025 a las 08:26 am

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, puso sobre la mesa una promesa ambiciosa: reformar el sistema tarifario eléctrico para que los hogares colombianos dejen de sufrir con facturas imposibles de pagar. El anuncio lo hizo durante el IV Foro Nacional sobre Tarifas, donde confirmó que el proyecto de ley con el que el Gobierno busca cambiar las reglas del juego llegará al Congreso el próximo 11 de agosto.

A diferencia de anteriores reformas que se quedaban en el papel o en promesas técnicas, esta iniciativa se ha venido cocinando con voces de la calle. Según el ministro, han recogido más de 300 aportes de ciudadanos, expertos y trabajadores del sector. “Lo que queremos es que la gente lo sienta en el bolsillo”, dijo. Antes de presentarlo oficialmente, queda solo una última reunión con los gremios eléctricos.

Palma Egea fue enfático: no es un proyecto para subir tarifas, sino para todo lo contrario. La apuesta incluye incentivar el uso eficiente de la energía, revisar la forma en que se calculan los cobros y abrir paso a esquemas como la autogeneración, es decir, que las personas puedan producir su propia energía, por ejemplo, a través de paneles solares.

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“Vamos a cambiar subsidios en dinero por soluciones reales”, explicó el ministro, refiriéndose al programa Colombia Solar, una iniciativa con la que se espera entregar paneles solares a familias, ya sea de forma individual o a través de proyectos comunitarios. Este esquema ya pasó la revisión del Ministerio y está ahora en manos de Hacienda y Presidencia.

En palabras del ministro, esta reforma no solo se trata de números y legislación —que, por cierto, busca actualizar las Leyes 142 y 143 de 1994— sino de justicia social. “El país no aguanta más una factura de luz que compita con el arriendo. Hay que redistribuir de manera más justa los costos del sistema”, insistió.

Aunque por ahora se trata de un anuncio, el trasfondo político y social del proyecto lo convierte en una de las cartas más fuertes del Gobierno Petro en su propósito de hacer más equitativo el acceso a los servicios públicos en Colombia. Falta ver si el Congreso le da luz verde.