17 junio, 2019
La JEP informó que soldados pertenecientes a esa unidad militar perteneciente a la Décima Brigada del Ejército son los que más han confesado por ejecuciones extrajudiciales
Última actualización junio 17, 2019 a las 08:45 am
El Batallón La Popa, ubicado en Valledupar, encabeza la lista de unidades militares responsable de más ejecuciones extrajudiciales contra civiles confesas, con 37 declaraciones, según la JEP.
En promedio, cuatro de cada diez declaraciones relacionados al mayor escándalo de violación de Derechos Humanos en el país, pertenecen a la unidad militar de la que estuvo a cargo el comandante en jefe del Ejército de Colombia, Nicasio de Jesús Martínez Espinel, cuando servía como segundo al mando entre 2004 y 2006.
Precisamente en la Fiscalía reposa una investigación en contra del mayor jerarca del Ejército por el asesinato de 23 civiles por parte de la Décima Brigada que estuvo bajo su mando.
En total se investiga la masacre de 283 civiles, la mayoría de ellos indígenas y un caso de violencia sexual, según un informe del ex fiscal general Eduardo Montealegre.
El coronel Gabriel Rincón confesó ante los magistrados de la JEP el modus operandi de superiores y soldados para encubrir el asesinato de civiles para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate.
“Yo como oficial de operaciones tenía que darle un viso de legalidad con la orden de operaciones y el mayor Velandia darle el viso de legalidad con el informe de inteligencia. Pero eso era ordenado por el comandante de la brigada. ¿Cuándo?, no antes de que saliera la unidad, después de que se desarrollara el hecho. ¿Cómo así que después?, este pelotón se movió a este sector y dio una muerte. Ah, como se movió, entonces ya ocurrió el hecho, ya mandaba las coordenadas de donde ocurrieron los hechos y uno lo que hacía era transcribirlo en el papel para dar el viso de legalidad, y mi coronel revisaba y daba el visto bueno de que había quedado con el viso de legalidad para poderle mostrar a los entes de la Fiscalía o la Justicia Penal Militar de que lo que se estaba desarrollando era legal”,
Coronel Gabriel Rincón
El escándalo de los ‘falsos positivos’ podría desencadenar en una crisis institucional para el gobierno de Duque, sobre todo por la investigación que le sigue al comandante en jefe del Ejército nombrado por el presidente.
El 14 de mayo de 2005 una treintena de militares de La Popa, según la acusación, participaron en el asesinato de Claudino Manuel Olmedo Arlante y Frank Enrique Martínez Caviedes, un menor con discapacidad mental.
La Fiscalía condenó a siete soldados a siete años de prisión por aplicar el mismo modus operandi; reportar a las víctimas como bajas de las FARC durante un presunto enfrentamiento con la antigua guerrilla. Unas semanas antes se había producido otro asesinato de características similares en el mismo municipio de La Paz.
“La mañana del 20 de noviembre de 2005 en el sitio Parcelas del Tocaimo, área rural de San Diego (Cesar) fueron abatidos por miembros del pelotón Bombarda 3 del Batallón de Artillería Número 2 La Popa de Valledupar, y reportados como muertos en combate (…) los señores Iván de Jesús Sierra de la Rosa, John Jairo Parejo Pérez, Alfredo Manuel Retamozzo y Waiberto Cohen Padilla… De donde habían salido la noche anterior con dos hombres que les ofrecieron trabajo en Valledupar”.
La Fiscalía concluyó que “la presencia de la tropa militar en el lugar de los acontecimientos no tenía ninguna justificación real, es decir, no había sustento ilícito”.
Pese al escándalo de los ‘Falsos positivos’ que volvió a desenmascarar el diario The New York Times y ahora con la publicación del informe del ex fiscal, el senado avalará el ascenso de Martínez Esquivel comandante al frente del Ejército de Colombia nombrado por el presidente Duque en diciembre de 2018.
«Siempre he estado, estoy y estaré atento a cualquier llamado de las autoridades», declaró el militar tras la tormenta mediática que se ha generado en los medios y la opinión pública.
Dos días antes de dejar el cargo frente a la Décima Brigada, soldados del GAULA de ese destacamento asesinaron, según la acusación, a los indígenas Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez; hirieron a Gustavo Palmar Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina; y agredieron física y sexualmente a Irene López Pushaina y a Ligia Cambar Ramírez. Este caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
