La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo Nacional Electoral la vigilancia y regulación de propaganda exterior visual en los procesos de recolección de firmas, consultas y encuestas.
La solicitud fue realizada en una carta dirigida al Heriberto Sanabria Astudillo, presidente del CNE, motivado por el sin número de reportes recibidos en la fijación de publicidad exterior visual en distintas partes del país.
En la misiva se detalla el vacío que existe en la actual reglamentación en temas como el alcance y las características precisas de la propaganda que estarían usando las personas que aspiran a un cargo de elección pupular.
“Aunque el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011 establece los plazos específicos para el inicio de la publicidad exterior y la difusión a través de medios de comunicación, dicha disposición no es precisa en lo que respecta a los candidatos que aspiran a un cargo de elección popular mediante los mecanismos de recolección de firmas, encuestas o consulta”.
Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, enfatizó en que la propaganda exterior anticipada para candidatos que utilicen esos mecanismos, “contradice los plazos establecidos por la ley para el desarrollo de las campañas electorales, en la medida en que adelanta su iniciación”, e instó al CNE a tomar medidas que garanticen el equilibrio en el desarrollo de los comicios que se realizarán el 27 de octubre.
En desarrollo del control electoral, el Ministerio Público solicitó a las autoridades municipales y distritales dar cumplimiento a artículo 3 de la Ley 140 de 1994 que prohíbe colocar publicidad exterior visual sobre infraestructuras, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra estructura propiedad del Estado, y al artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, que establece los plazos para iniciar la publicidad exterior visual.
Así mismo, pidió a los mandatarios territoriales adelantar los procedimientos administrativos necesarios para garantizar que los elementos publicitarios que no cumplen con las condiciones de ley sean retirados, particularmente en Bogotá, Medellín, Sabaneta, Soacha y Riohacha, sobre las cuales se tienen registros y reportes sobre la ubicación de vallas publicitarias de propaganda electoral.
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