La conducta de la exgobernadora fue calificada de forma definitiva como falta disciplinaria gravísima a título de culpa gravísima.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez, al comprobar irregularidades en un contrato por $20.453.932.366, suscrito para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira».
La entidad estableció que “no existe análisis y justificación por parte de la entidad territorial para dar sustento a los requisitos de experiencia solicitados en el proceso de Licitatorio Público No. 033 de 2015, es decir, en no existe ningún estudio que permitiera determinar con imparcialidad, desde el punto de vista objetivo, que este requerimiento obedecía a un análisis conforme al objeto a contratar y a la cuantía del contrato”.
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La restricción fijada ocasionó que a la licitación solo concurriera un proponente y que, en consecuencia, la gobernación no tuviera la oportunidad de realizar una comparación de ofertas para elegir.
La conducta de la exgobernadora fue calificada de forma definitiva como falta disciplinaria gravísima a título de culpa gravísima y ocasionó destitución e inhabilidad general por el término de 10 años
El fallo cobija también a la exsecretaria de Educación, Bely Gnecco; al exdirector Operativo, Gilbert José Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental, para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza, sancionados con destitución e inhabilidad general por el término de nueve años.
Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
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