Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, reveló que cerca de 200 mil personas se hicieron pasar como víctimas en el Registro Único de la Unidad de Víctimas que hasta la fecha contabiliza 8’874.110 registrados.
Para Rodríguez, esto constituye en un posible fraude, razón por la que en el sistema ya iniciaron con la exclusión en los trámites de postulación.
Hasta la fecha van depurados 15.000 registros que presuntamente presentaban inconsistencias, de los cuales cuentan 6.177 reclamantes excluidos, lo que representan 34.641 personas fuera del sistema.
«La modalidad de víctimas falsas implica la existencia de falsos testimonios o declaraciones sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos victimizantes», explicó el director a El Heraldo.
El organismo asegura que han podido identificar a redes de gestores que cobran un porcentaje o comisiones por adelantado a las personas que caen en estas prácticas fraudulentas.
«Generalmente en esta modalidad se pretende cobrar ayudas humanitarias o indemnizaciones. En algunos casos hemos identificado redes de tramitadores que cobran porcentajes o exigen sumas de dinero para estructurar este tipo de falsedades y luego cobrar las medidas que entrega la Unidad, aun acudiendo a acciones de tutela, en las cuales igualmente hacen incurrir en error a los jueces para el reconocimiento de dichas medidas», explicó Rodríguez.
Hasta junio de 2019 se han reportado 6.769 denuncias sobre presuntos registros fraudulentos, de los cuales 131 denuncias corresponden al departamento del Cesar.
El gobierno nacional también adelanta el borrador del nuevo decreto con el que se busca reorganizar y direccionar los recursos para las víctimas.
Esto debido a que cerca de un millón de víctimas han sido indemnizadas con una inversión cercana a los 6 billones de pesos y aún faltan más de 6 millones de víctimas por reparar.
“Como el registro queda abierto, hacemos unos cálculos que necesitaremos unos 45 billones de pesos para poder pagar la indemnización”, dijo.
El nuevo decreto busca optimizar los pagos que reciben las víctimas ya que en la actualidad todas están recibiendo los 40 salarios mínimos mensuales sin consideración el hecho victimizante y la conformación del núcleo familiar
“El decreto lo han utilizado para hacer políticas, para buscar votos, para enredar a las víctimas, les han dicho que les están quitando la indemnización y lo que estamos haciendo es modular los montos. Modularlos en qué sentido, es diferente la víctima que fue desplazada y se movió de su territorio por cinco horas por ejemplo, a la víctima que nunca pudo volver a su territorio y ahí vienen los diferentes pagos de los montos”.
Otra de las modificaciones que plantea el decreto es dar la indemnización a quienes realmente vivieron el desplazamiento y no al núcleo familiar que formó posterior al suceso.
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