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Jueza define si precluye o no el caso de Álvaro Uribe Vélez

La tranquilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez está más intermitente que nunca y todo porque la justicia en Colombia está a un paso de culparlo por presunta compra de testigos y fraude procesal.

El Juzgado 41 de Conocimiento de Bogotá tratará durante dos días, martes 23 y miércoles 23 de mayo, la decisión si hay preclusión o no el proceso contra el expresidente colombiano, quien es investigado desde el 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia lo vinculó de denunciante ha denunciado.

El contexto de este histórico procedimiento judicial se basa en que, a través de su entonces abogado, Diego Cadena, habría buscado testigos falsos para que desmintieran las acusaciones que relacionan a Álvaro Uribe con paramilitares y, presuntamente, a cambio de dádivas y otros beneficios declararan en contra del senador Iván Cepeda.

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En agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de Uribe Vélez al concluir que habría intentado presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Cadena y del exrepresentante Álvaro Hernán Prada. Todo esto fue denunciado por el periodista Daniel Coronel.

Sin embargo, Álvaro Uribe renunció a su fuero como congresistas y entonces la Corte pasó a un segundo plano para darle trámite a la Fiscalía General de la Nación, que dejó en manos de un Juez de Conocimiento toda la investigación.

El 27 de abril de 2022, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, negó la preclusión del proceso. El caso cambió de fiscal y el ente acusador volvió a presentar ante la justicia la misma petición.

En marzo de 2023, la Fiscalía por segunda vez pidió la preclusión, porque considera que no existen pruebas que involucren al expresidente Uribe.

En cambio, los abogados de las víctimas aseguraron que la Fiscalía no investigó y que, aparentemente se dedicó a buscar pruebas y testigos para beneficiar al expresidente.

En los últimos días, Álvaro Uribe estuvo en Valledupar presentando una recolección de firmas que pretende llegar a una consulta popular en contra de las reformas en salud, pensional y laboral del gobierno de Gustavo Petro, pero no quiso referirse al tema o la decisión, que sea cual sea el veredicto, pasará al Tribunal Superior de Bogotá.

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