Riñas de gallos, corridas de toros y corralejas están por fuera de las prácticas prohibidas en la ley 84 de 1989, con la que se creó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales.
Los galleros del país se trasladaron a la plaza de Bolívar de Bogotá para protestar en contra del proyecto de ley que busca la prohibición de las prácticas de entretenimiento cruel con animales, argumentando que decenas de familias se varían afectadas, debido a que subsistían de esta “tradición”.
“Celebramos la manifestación de este sector. Entre 8.000 y 10.000 personas han venido a la plaza de Bolívar desde todas las regiones del país a sentar su voz de protesta por el proyecto de ley que cursa trámite en el Congreso de la República, en el Senado y que estuvo en la Comisión Quinta. Este proyecto buscaba que a los seis meses de su aprobación efectivamente se erradicara la pelea de gallos. Nosotros logramos llevar hasta tres años y seis meses, buscando una transición de manera responsable, buscando unas mesas de diálogo”, explicó.
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Riñas de gallos, corridas de toros y corralejas están por fuera de las prácticas prohibidas en la ley 84 de 1989, con la que se creó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales.
Lobo Chinchilla destacó la dinámica económica que generan las peleas de gallos e hizo un llamado al gobierno nacional, en cabeza del Presidente Gustavo Petro. “Debe garantizar a estas familias que tradicionalmente han vivido de las peleas de gallos una transición de una actividad laboral para que de esta manera se pueda sentir menos el impacto. Estamos de acuerdo que las peleas de gallos deben de ir decreciendo, estamos de acuerdo que el país ha cambiado, que el mundo ha cambiado, pero esto requiere una transición, unas mesas de diálogo, de concertación y que se vaya haciendo de manera progresiva”, declaró.
Más de dos millones de personas dependen directa e indirectamente de esta actividad económica que logra movilizar más de $4 billones anuales para la economía del país, según informaron los galleros.
La senadora de la Alianza Verde y ponente de esta iniciativa, Andrea Padilla, dijo que “esta es una actividad de extrema crueldad, que además está por fuera de toda regulación, debido a que no tributan, no pagan impuestos, no generan empleos, en el sentido estricto. Las apuestas que hacen son ilegales. Lo que le estamos proponiendo al Congreso es avanzar en la prohibición progresiva, y en el entretanto definir unas líneas de fomento y de alternativa económica”, indicó la congresista.
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