A través de una carta, las tres EPS más grandes del país como Compensar, Sura y Sanitas han advertido que vendrá una crisis financiera que pondrá en riesgo a 13 millones de afiliados.
Aunque el documento, con fecha de 27 de julio y dirigido al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está firmado por Pablo Otero, presidente de la EPS Sura; Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas y Andrés Barragán, presidente de la EPS Compensar. Lo cierto es que el 30 de septiembre la situación empeorará.
“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”, advirtieron los presidentes de las EPS, en el documento.
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Según los firmantes, después del 30 de septiembre “las cosas van a estar muy difíciles” para el sistema de salud colombiano y explican tres argumentos que lo sustentan. Estos, dice la carta, “deben ser tratados a la mayor brevedad para poder continuar garantizando la calidad y el acceso oportuno a los servicios de Salud, asegurando la sostenibilidad del sistema y no afectando la atención a los usuarios”.
Las EPS advierten que los recursos obtenidos por el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el pago que hace el estado por cada paciente afiliado, son insuficientes, “El valor de la UPC es insuficiente para atender el plan de beneficios en Salud. Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue un insuficiente en un 8%, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7% (según Estudio de Suficiencia de la UPC – Universidad EAFIT)”.
Además, advierten que existe una concentración desequilibrada de las cargas de enfermedad, ya que las que gozan de mejor reputación son las que reciben a los enfermos más graves, sin embargo, el pago que reciben por estos pacientes es el mismo que por un paciente sano, otra razón que explican los presidentes de las EPS hace referencia al retraso del Gobierno en el pago de las deudas por COVID-19, recobros, presupuestos máximos, licencias e incapacidades.
En ese sentido, los representantes de las EPS reconocen que estas problemáticas “no obedecen únicamente a este último periodo, sino que se vienen acumulando desde varios años atrás por diferentes situaciones”, si bien advierten que hoy “requieren con urgencia ser atendidas y resueltas para evitar el colapso y daño irreversible que impacte a la población y al sistema”.
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